sábado, 8 de enero de 2011

Desalojo a Familias Diaguitas de la Comunidad de Las Pailas – Cachi

Despojo territorial a los pueblos originarios sigue pese a leyes

A la grave situación territorial de los pueblos originarios de argentina, se le suma un nuevo hecho de violencia y despojo este ocurrió en la Comunidad de Las Pailas (departamento Cachi – SALTA), Territorio ancestral de la Nación Diaguita.
Nuevamente una comunidad perteneciente a nuestros pueblos indigenas es victimas del atropello para despojarlos de nuestro territorio. A lo sucedido con las muertes de Javier Chocobar integrante de la nación Diaguita y recientemente en Formosa con la muerte de Sixto Gómez del Pueblo Qom se le suma un violento allanamiento con desalojo forzoso de las familias Diaguitas por parte de los policías, maquinas de la empresa NOROESTE SA comenzaron a destruir de manera salvaje las viviendas, el patrimonio arqueológico y la biodiversidad de la comunidad, sus sembradíos, huertas frutales, cercos, corrales y cada bien de los comuneros.
Esta vez los terratenientes fueron acompañados por las fuerzas represoras que destruyen todo cada vez que se realizan allanamientos a las comunidades indigenas y por orden de desalojo emitida por el juzgado correccional y de garantías Nro 8 a cargo de la Jueza Mónica Graciela Faber a favor del terrateniente Robles quien dice ser el dueño del territorio de la comunidad diaguita el desalojo violento e ilegalmente a las familias de Osvaldo Liquín, Gerardo Mamaní, Quintina Prieto, Quintín Cruz y de Andrés Mamani quienes habitan en el territorio desde siempre,.
La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita a través de un comunicado responsabiliza “al Estado Provincial de SALTA por la inoperancia de sus órganos facultados para dar respuestas concretas de políticas públicas para los pueblos indígenas”,” como lo es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas – IPPIS – órgano preocupado en ver como elude las causas judiciales y como disimula su incapacidad en cumplimentar el convenio firmado con el INAI para llevar adelante el relevamiento territorial de la ley 26160, donde sobre 500 comunidades indígenas (RENACI) que posee la provincia, solo se han podido presentar 6 carpetas para su evaluación en 2 años de ser el órgano ejecutor del relevamiento”.
Esta situación esta siendo denunciada por el Encuentro de Organizaciones Territoriales de Pueblos Indigenas advirtiendo que de no tomar las decisiones apropiadas y seguir las advertencias de las organizaciones territoriales los problemas continuaran creciendo ante la complicidad de los gobiernos provinciales y nacional que no responden a las leyes existentes; las comunidades y sus organizaciones no están dispuestas a permitir la muerte de ningún integrante de un pueblo originario. Estas afirmaciones fueron realizadas durante una reciente reunión de los pueblos, organizaciones y comunidades que conforman el encuentro territorial.
Agregaron que es muy lamentable que en ninguna de las 17 provincias donde se esta aplicando no halla un equipo técnico de verdad trabajando respondiendo a los intereses de los propios pueblos originarios y sus organizaciones que autónomamente se dan. “La situación de los pueblos originarios y los conflictos territoriales que se están dando cada vez mas seguidos con terratenientes, empresas forestales, mineras, petroleras, turísticas, parques nacionales e inmobiliarias lo cual ha hecho que los pueblos se estén organizando par resistir estos atropellos y no permitir la muerte y el despojo territorial al cual nos están queriendo llevar los intereses económicos y especulativos del sistema”.
La situación en salta y el contexto
Nuevamente se realizaran las elecciones de vocales en el IPPIS de Salta, que además de estar cuestionado por irregularidades en el uso de bienes y capitales ha demostrado tener cero interés de tratar de forma correcta el derecho de los pueblos indigenas y lo han transformado en un negocio para unos pocos. En un comunicado “Las Organizaciones de Territoriales de Pueblos Originarios de la Provincia de Salta, como instituciones representativas de los Pueblos; Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (U.P.N.D.), Comunidad Valle del Sol, Comunidad Inkahuasi, miembros del Consejo del Pueblo Tastil, Comunidad Las Costas del Pueblo Lule – Salta, Red de Comunidades del Pueblo Atacama, Consejo de Caciques Wichi de la Ruta 86 y 34, Asamblea del Pueblo Yowis Ruta de la 86 y 34, Casa de la Cultura Awawa - Yruya, Comunidad Misión Chaqueña, y Comunidades Wichi de la Ruta 53.
Como autoridades tradicionales legitimas de los pueblos originarios, y haciendo ejercicio pleno de nuestros derechos consagrados en la Constitución Nacional Art. 75. Inc17. Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), Declaración Universal de los Derechos Pueblos indígenas de la O.N.U., Derechos Consuetudinarios como Pueblos preexistentes, manifestamos a todos los hermanos de los pueblos originarios y a la sociedad en general:
Exigimos al Estado Provincial de SALTA, a través de la Secretaria de Derechos Humanos, Sub-secretaria de Pueblos Originarios, Dirección Provincial de Personas Jurídicas, Secretaria de Gobierno de la Provincia de Salta, al Instituto de Provincial de Pueblos Indígenas - IPPIS, un acto eleccionario claro y transparente”.
Este nuevo hecho de violencia ocurrido en salta debe ser motivo de un análisis político verdadero y con miras a dar respuestas a las históricas demandas de los pueblos originarios, esperemos que las autoridades nacionales estén a la altura de la situación histórica y política en el marco de Sud America donde es hora que la demandas y planteos de participación, restitución, reparación, real y efectiva se cumplan como también deben cumplirse las leyes nacionales existentes y en vigencia. Desde el año 2009 mas de treinta organizaciones de 28 pueblos vienen proponiendo al estado una mesa de dialogo política constructiva en el marco de una nueva relación desde el estado para con los pueblos preexistentes al pueblo argentino, es hora que ese dialogo se de un marco de respeto mutuo y construcción de una nueva y mejor sociedad para ello las organizaciones territoriales han puesto en análisis una serie de propuestas que permitan dar muestras claras de responsabilidad política de ambas partes, con un fuerte énfasis en el contexto político regional de participación e integración

Contacto: Antonio Soto UPND: 0387-155014614
Fuente. Equipo de Comunicadores y Comunicadoras indigenas-ENOTPO

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