La dignidad de los Aché

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La caja de cartón estaba allí, en el despacho de la fiscala María del Carmen Meza, en Iruña, a 115 kilómetros al Sur de Ciudad del Este. En su interior había varios paquetes de medicamentos, antiparasitarios, antigripales, antibióticos y expectorantes. Era la mañana del miércoles 12 de enero. Un tibio rayo de sol se colaba entre las persianas. José Onegi, Lorenzo Puapirangi, Felipe Brevigi Kajapukuji y Hugo Airaji, representantes de la comunidad indígena Aché de Puerto Barra, Alto Paraná, escuchaban atentamente lo que les relataba la agente fiscal.

El diputado liberal por Alto Paraná, Nelson Segovia Duarte, había estado en esa misma oficina el día anterior y dejado para ellos la caja de medicamentos, en concepto de donación, buscando “un arreglo amistoso” tras el incidente en que el legislador fue descubierto por los indígenas, cuando se hallaba cazando ilegalmente en sus tierras, en la madrugada del 31 de diciembre.

Los Aché se miraron. Esos medicamentos iban a ser muy útiles para la humilde farmacia de la comunidad. Pero no. Con un simple gesto se pusieron de acuerdo. Entonces José Onegi comunicó que no iban a retirar la donación. “Nuestra dignidad no se compra con una caja de medicamentos”, explicó.

Los Aché de Puerto Barra tienen una larga historia de superar adversidades. Hasta hace poco, sus padres y abuelos eran cazados como animales en los montes del Alto Paraná. Tras larga lucha, conquistaron las 850 hectáreas de tierra en que están asentados, donde hoy muestran cómo son capaces de conciliar su cultura ancestral con los desafíos de la modernidad, al haberse convertido en exitosos productores de soja y maíz, sin alterar su modo de vida ni destruir el medio ambiente.

El 30 de diciembre fueron premiados como Destacados 2010 por el diario Última Hora. Esa misma noche, el eco de disparos los despertó. Se dirigieron presurosos al río Ñacunday, donde hallaron al diputado Segovia y a dos acompañantes, con escopetas de caza y ejemplares muerto de coati y pato silvestre, a bordo de una lancha.

Hicieron la denuncia a la Comisaria de Naranjal. Los policías liberaron a los cazadores furtivos y olvidaron comunicar el procedimiento. Cuando la prensa requirió sobre el caso, lo negaron. Pero los indígenas habían registrado lo sucedido en una serie de 42 fotografías, que entregaron a los medios. Cuatro días después se tuvo que abrir una carpeta fiscal por presuntos delitos contra el Medio Ambiente y el acta de la intervención policial apareció milagrosamente, aunque fechado en diciembre 2011, y negando que había animales silvestres cazados.

Habrá que ver qué decide la Justicia en este caso. Pero los indígenas Aché ya nos han dado una gran lección: La dignidad no se compra con una caja de medicamentos.