La expansión del castellano, política lingüística colonial, hoy
Dedicado
a Fernando Manga Gonzales,
"QOLLAPATO"
Señora del Valle del Colca
(Perú) Foto: Sjameron |
Desde la
época colonial las lenguas indígenas de América formaron parte del debate de la
política de consolidación del modelo de dominación. De hecho, las posiciones más
duras mostraban un menosprecio explícito por ellas, junto a un deseo expreso de
extinguirlas. Tomás López Medel, Oidor de Guatemala, escribió en 1550
refiriéndose a la necesidad de expandir el castellano: “Y de esta manera se
dará entrada para nuestra lengua y para las cosas de nuestra religión y para
desterrar la bárbara lengua de estos [indios], y sus abominables
costumbres”. Igualmente, en Perú, el oidor Juan de Matienzo propuso que se
forzara a los indios a aprender el español.
Por otro
lado se encontraban las posiciones más objetivas y equilibradas, por ejemplo el
jesuita José de Acosta escribe en 1588: “hay quienes sostienen que hay que
obligar a los indios con leyes severas a que aprendan nuestro idioma […]
si unos pocos españoles en tierra extraña no pueden olvidar su lengua y
aprender la ajena […] ¿en qué cerebro cabe que gentes innumerables
olviden su lengua en su tierra y usen solo la extraña que no la oyen sino raras
veces y muy a disgusto?”.[1]
La política
pública de castellanización comenzó sus andaduras como un instrumento necesario
para la propagación del cristianismo, la evangelización fue el norte cultural de
la invasión y la lengua un instrumento de prédica. En los preámbulos de ciertas
cédulas incorporadas a la Recopilación de las leyes de los reinos de las
Indias se considera a las lenguas nativas incapaces de expresar las
complejidades teológicas[2]. Junto a la religión, la
tarea de alfabetizar y enseñar el castellano a los millones de nativos del
continente constituyó una labor interminable. Cualquier disposición legal
colonial orientada a su implantación forzosa estaba condenada de antemano al fracaso.
Por eso, en
lugar de operar sobre un enorme conjunto, la Corona apostó por actuar desde
arriba de la escala social originaria: fueron creados colegios para los hijos de
caciques, donde se enseñaba el castellano. Ejemplos ‘exitosos’ de estas escuelas
para hijos de la nobleza indígena fueron los de Tlatelolco, Texcoco (en México),
Lima y Cusco (en Perú). La cédula de 1550, recogida en la Recopilación
(Libro VI, T. VI, Ley XVIII), dice textualmente: “Que a los indios se les
pongan maestros, que enseñen a los que voluntariamente las quisieren aprender,
como les sea de menor molestia y sin costa y ha parecido que esto pudieran hacer
bien los sacristanes como en las aldeas de estos reinos enseñan a leer y
escribir la doctrina cristiana.” [3]
Luzmila Chiricente. Líder
Asháninka Casa de América |
Desde la
apreciación histórica de esos antecedentes, se puede concluir que el proceso de
castellanización es una campaña permanente desde hace cinco siglos -en desmedro
de los idiomas indígenas- que ha tomado forma de política de Estado y que se
viene aplicando en la actualidad, bajo la anuencia del modelo político de
dominación: la Constitución política realmente existente más allá del derecho
escrito.
Las
políticas públicas de castellanización para la implantación de la religión,
usando la alfabetización de los indígenas en ese idioma, tienen su origen en un
planteamiento colonial. Y continúan hasta nuestros días basadas en el mito de la
escuela. Como explica Montoya, en el siglo XX los herederos de los colonizadores
en el poder consideraron que el único modo de ‘civilizar’ a los ‘bárbaros’ o
‘salvajes’ sería a través de la escolarización. El modelo occidental de
dominación fue creando lentamente el mito civilizatorio de la escuela a través
de la oposición oscuridad–analfabetismo–salvajismo frente a
luz–alfabetización–civilización. Bajo este esquema “(…) la escuela significa liquidar las
culturas indígenas entendidas como salvajes”[6].
Los procesos
de educación formal, después de la declaración de independencia, tuvieron la
labor de continuar la campaña de castellanización diseñada en la época colonial
orientada a homogeneizar las culturas del país. Basándose en el principio de
igualdad -confundido con estandarización cultural- los programas de
alfabetización se convirtieron en armas políticas-culturales de los sectores
conservadores en poder del Estado, útiles en la lucha para acabar con el
‘problema’ de la diversidad nacional.
La
imposición del castellano invadió también la educación superior. Actualmente el
sistema educativo dominante tiene valores, categorías conceptuales y modos de
pensar provenientes de tradiciones occidentales. Utiliza una multiplicidad de
palabras latinas ligadas a la sectorización de la ciencia, con una lógica
matemática relacionada a la creación de tecnologías, lo cual explica su postura
frente a las culturas nativas. De esta manera se produce un “dislocamiento
cultural”[7]. ¿En cuántas
universidades se dictan clases en quechua, aymara, harambut, matsigenka?
En esta orientación, se produce la impunidad jurídica de la violación de derechos culturales por parte del Estado. Si se desconocen las diferencias lingüísticas, y se pretende la implantación de un modelo cultural único, se arrinconan varios derechos constitucionales. Por ejemplo el derecho de no ser discriminado por motivo de idioma, el derecho a la identidad, integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar”. Se incumple el deber de respetar y proteger la pluralidad étnica (Art. 2°, Constitución 1993).
http://pavelvaler.blogspot.com/2013/11/la-expansion-del-castellano-politica.html
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